El Centro de Tratamiento de Drogodependencias de Alcázar de San Juan, podría dejar de funcionar a partir del próximo lunes, “ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores y los gastos de mantenimiento”.
Así lo anunció el presidente de la entidad que gestiona el centro, la Federación de Ayuda al Toxicómano, FAPAT, Alejando Márquez, quien ha precisado que el problema se encuentra en la deuda que tiene la Junta de Comunidades con FAPAT, un total de 700.000 euros correspondientes al convenio de 2011.
Como se recordará, los trabajadores han denunciado que llevan 6 meses sin cobrar y Márquez se reunirá con ellos el próximo lunes, para decidir sobre el futuro de este centro, “ya que la situación es insostenible ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas y de los gastos de funcionamiento, como el teléfono, la luz, impuestos, seguridad social e, incluso, la comida de las personas que son atendidas en el mismo, en régimen residencial”.
Márquez tuvo palabras de agradecimiento para los profesionales del centro, “que bastante bien han trabajado, a pesar de no cobrar, pensando sobre todo en las 1.000 personas drogodependientes, a las que se atiende en Alcázar y a las 4.000 del Servicio de Asesoría legal y social de Albacete y Ciudad Real”.
Sin información
Según el presidente de FAPAT, desde la Junta de Comunidades se les dice que el convenio se renovará, “pero no especifican cuando ni cómo y, entre tanto, nosotros no podemos pedir que nos aplacen los pagos que hacer durante más tiempo, ni continuar con esta situación de indignidad, porque casi no podemos dar de comer a las 15 personas que atendemos en el centro, en régimen residencial, no tenemos teléfono y la próxima semana, nos cortarán la luz. Además, los impagos a la Seguridad Social, retiene casi todo lo que nos deben por lo que se trata de una situación muy complicada”.
El cierre dejará en la calle a 18 trabajadores y sin atención a unos 1.000 drogodependientes de los que tendrá que hacerse cargo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, según señaló Márquez.
El presidente de FAPAT lamentó que los impagos de la Junta “puedan dar al traste con una red de atención a toxicómanos, que ha sido de referencia en toda España”.
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